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ÁREA CLIENTESMicropymes reclaman quedar fuera de VeriFactu
Alegan costes desproporcionados y menor capacidad de crecimiento frente a las grandes empresas.
Las organizaciones representativas de las micropymes han solicitado al Gobierno que queden exentas de la futura obligación de implantar el sistema VeriFactu, al considerar que los costes técnicos y administrativos asociados a esta herramienta de control fiscal resultan desproporcionados para negocios de muy reducido tamaño.
El debate se produce en el contexto de la implantación del nuevo sistema de facturación regulado en la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que introduce requisitos técnicos para garantizar la integridad, conservación y trazabilidad de las facturas mediante software adaptado a los estándares establecidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Qué es VeriFactu y a quién afecta
VeriFactu es el sistema derivado del reglamento técnico aprobado en desarrollo de la Ley 11/2021, que obliga a productores y usuarios de programas de facturación a utilizar aplicaciones que:
- Impidan la alteración o eliminación de facturas ya emitidas.
- Garanticen la trazabilidad de los registros.
- Permitan, en su modalidad voluntaria, el envío automático de los datos a la Agencia Tributaria.
La obligación afectará a autónomos y sociedades que utilicen software de facturación, con un calendario de implantación progresiva que distingue entre desarrolladores de software y usuarios finales.
La posición de las micropymes
Las micropymes empresas con menos de diez trabajadores y volumen de negocio reducido, según la definición de la Comisión Europea sostienen que:
- El coste de adaptación del software puede suponer una carga relevante en proporción a su facturación.
- Muchas utilizan sistemas básicos o incluso facturación manual, lo que implicará inversión obligatoria en herramientas digitales.
- Carecen de economías de escala para amortizar el gasto tecnológico con la misma facilidad que las grandes empresas.
Diversas asociaciones empresariales argumentan que estas empresas crecen a un ritmo muy inferior al de las grandes compañías, en algunos casos hasta diez veces menos, lo que limita su capacidad para asumir nuevas obligaciones sin apoyo específico.
Impacto económico y jurídico
Desde el punto de vista legal, la obligación de utilizar software adaptado a los requisitos antifraude no distingue por tamaño de empresa, salvo excepciones muy concretas. No obstante, la normativa permite que el Gobierno establezca calendarios diferenciados o periodos transitorios, lo que abre la puerta a posibles ajustes regulatorios.
El incumplimiento de las obligaciones técnicas puede dar lugar a sanciones previstas en la Ley General Tributaria (Ley 58/2003), especialmente en lo relativo al uso de sistemas informáticos que no garanticen la integridad de los registros.
Por ello, las micropymes reclaman una de estas tres medidas:
- Exención total para empresas por debajo de determinados umbrales de facturación.
- Moratoria ampliada para su implantación.
- Ayudas públicas específicas para sufragar la adaptación tecnológica.
El precedente del SII y la digitalización obligatoria
El debate recuerda a lo ocurrido con el Suministro Inmediato de Información (SII), que inicialmente afectó solo a grandes empresas y grupos consolidados, dejando fuera a pequeños contribuyentes.
En este caso, sin embargo, la filosofía de la Ley 11/2021 es más amplia, ya que pretende extender los sistemas antifraude al conjunto del tejido productivo, como parte de la estrategia nacional de digitalización y lucha contra la economía sumergida.
Conclusión
Las micropymes se encuentran ante un nuevo reto regulatorio con la implantación de VeriFactu.
Aunque el objetivo de la norma es reforzar la transparencia fiscal y prevenir el fraude, los negocios más pequeños alertan de que el impacto económico puede ser significativo si no se introducen exenciones, ayudas o calendarios flexibles.
El debate sigue abierto en el ámbito empresarial y político, en un contexto en el que la digitalización es ya una obligación estructural para todos los operadores económicos, pero donde el principio de proporcionalidad normativa será clave para evitar que las cargas administrativas afecten a la viabilidad de las empresas más pequeñas.
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