La UE Impone la Recaudación del IVA a Uber y Airbnb a partir de 2030
Uber y Airbnb deberán recaudar el IVA a partir de 2030.

La Unión Europea (UE) ha aprobado una nueva normativa que obligará a plataformas digitales como Uber, Airbnb y Booking a recaudar el IVA en las transacciones realizadas a través de sus servicios.
Esta medida busca garantizar condiciones fiscales más equitativas entre las plataformas digitales y los negocios tradicionales, como hoteles y taxis, que ya cumplen con esta obligación.
Implementación gradual hasta 2030:
La normativa será obligatoria a partir de 2030, pero en 2028 comenzará un periodo de implementación voluntaria para que las plataformas y las pequeñas empresas puedan adaptarse a los nuevos requisitos sin afectar su actividad comercial.
Una brecha fiscal histórica:
Hasta ahora, las plataformas de economía colaborativa operaban sin tener que gestionar directamente el IVA, lo que les daba una ventaja competitiva frente a los negocios tradicionales.
Esta nueva legislación tiene como objetivo cerrar esa brecha, equilibrando las reglas fiscales para todos los actores del mercado.
Generación de ingresos adicionales para los Estados miembros:
Se espera que la recaudación adicional de IVA aumente los ingresos fiscales de los Estados miembros de la UE, con una estimación de hasta 18,000 millones de euros en los próximos diez años.
Este aumento de ingresos podrá ser destinado a servicios públicos y políticas sociales.
Acuerdo alcanzado tras intensas negociaciones:
El acuerdo fue aprobado por los ministros de Economía de la UE, tras superar el veto inicial de Estonia, que argumentaba que la normativa perjudicaría a las pequeñas empresas que operan en estas plataformas digitales.
Conclusión: Un paso hacia la equidad fiscal.
Con esta nueva normativa, la Unión Europea no solo busca una mayor equidad fiscal entre los modelos de negocio tradicionales y digitales, sino que también refuerza la transparencia y la eficiencia en la recaudación de impuestos.
La implementación de esta medida será crucial para reducir las desigualdades en la competencia y aumentar los ingresos fiscales, que podrían ser aprovechados por los gobiernos para financiar mejoras en los servicios públicos y políticas sociales.
Este cambio refleja un compromiso con una economía digital más justa y sostenible.