Consumo logra que Airbnb retire anuncios ilegales.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la retirada de 65.000 anuncios de pisos turísticos que incumplen la normativa vigente.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un auto en el que avala la decisión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de retirar 65.000 anuncios de pisos turísticos en la plataforma Airbnb.
La sentencia confirma que estos anuncios incumplen la normativa vigente al no incluir el número de licencia correspondiente ni especificar si el arrendador es un particular o una empresa.
Contexto y antecedentes
En los últimos años, el alquiler de pisos turísticos en España ha experimentado un crecimiento exponencial, especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla. Este incremento ha generado preocupación por la proliferación de viviendas que operan sin la licencia correspondiente, afectando tanto a la seguridad de los usuarios como al mercado residencial local.
En diciembre de 2024, la Dirección General de Consumo inició actuaciones contra Airbnb, basadas en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en la normativa autonómica sobre alquiler turístico. La acción buscaba garantizar que todos los anuncios publicados en la plataforma cumplieran los requisitos legales y fueran transparentes para los usuarios.
Detalles de la sentencia y el procedimiento
Airbnb interpuso un recurso contra las medidas cautelares que obligaban a retirar los anuncios, alegando que la decisión afectaba a su libertad de empresa y podría generar un perjuicio económico significativo.
Sin embargo, el TSJM consideró que la obligación de incluir información clara sobre la licencia y el tipo de arrendador es un requisito legal básico, y que la retirada de anuncios no vulnera derechos fundamentales, sino que protege a los consumidores y la legalidad del sector.
El tribunal también subrayó que la actuación de Consumo no se limita a sancionar a la plataforma, sino a garantizar que los usuarios reciban información veraz antes de contratar un alojamiento, reforzando así la confianza en el mercado.
Reacciones institucionales y sectoriales
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, afirmó que la decisión es “un paso clave para proteger a los consumidores y asegurar la legalidad en el sector turístico”. Por su parte, asociaciones de consumidores han aplaudido la resolución, destacando que contribuye a evitar fraudes y prácticas desleales en la intermediación digital de alojamientos.
Airbnb, mientras tanto, emitió un comunicado indicando que revisará sus procesos internos para cumplir con la normativa y garantizar que todos los anuncios reflejen correctamente la información exigida por ley.
Impacto en el sector turístico y en los consumidores
La retirada de 65.000 anuncios representa una proporción significativa del mercado de alquiler turístico en España. Analistas destacan que esta medida podría generar una redistribución de la oferta, con mayor control sobre la legalidad de los pisos disponibles, lo que favorecerá a aquellos arrendadores que cumplen con la normativa.
Para los consumidores, la resolución supone una mayor protección, evitando que alquilen viviendas sin licencia o sin información completa, lo que podría implicar riesgos legales, de seguridad o de calidad del servicio.
Además, se espera que la sentencia marque un precedente para otras plataformas de alquiler turístico, incentivando a todo el sector a implementar mecanismos más rigurosos de control de anuncios y cumplimiento normativo.