España veta reventa abusiva y advierte cierre de plataformas.

El Gobierno español ha dado un paso firme contra la reventa abusiva de entradas al aprobar, el 1 de julio de 2025, el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, que prohíbe incrementar el precio de las entradas de espectáculos culturales y deportivos más allá de la variación del IPC desde su compra inicial.

Esta medida, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, contempla el bloqueo de plataformas digitales que incumplan la normativa, en un esfuerzo por proteger a los consumidores y garantizar un acceso más equitativo a eventos culturales.

Una respuesta al auge de la reventa especulativa

El mercado de reventa de entradas en España, que movió 322 millones de euros en 2024 y se proyecta que alcance los 932 millones en 2030, ha sido objeto de crecientes críticas por los precios desorbitados que enfrentan los consumidores.

Según el Ministerio de Consumo, casos como las entradas para el concierto de Taylor Swift en Madrid en 2023, que alcanzaron los 8.000 euros en plataformas de reventa, ejemplifican la necesidad de una regulación más estricta.

La nueva normativa, que modifica el artículo 20 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, establece que cualquier reventa que supere el precio original ajustado al IPC será considerada ilícita, con sanciones que incluyen multas y el cierre de las webs infractoras.

Reforzando la lucha contra los bots y la especulación

Aunque el uso de bots para la compra masiva de entradas ya está prohibido en España desde 2020, bajo la Ley de Competencia Desleal, las autoridades reconocen que esta medida no ha sido efectiva debido a los altos incentivos económicos de la reventa.

La nueva ley busca eliminar el lucro como motor de esta práctica, responsabilizando a las plataformas digitales que faciliten transacciones abusivas.

El Ministerio empleará técnicas como el web scraping para detectar anuncios ilegales, similar a su reciente acción contra 65.000 anuncios de pisos turísticos irregulares en Airbnb.

Esta estrategia permitirá identificar y sancionar a quienes violen la normativa, con la posibilidad de ordenar el bloqueo de sitios web que no supervisen el cumplimiento de la ley.

Impacto en consumidores y la industria cultural

La medida ha sido aplaudida por organizaciones como FACUA-Consumidores en Acción, que destaca su potencial para acabar con un “resquicio legal” que ha convertido la reventa en un negocio lucrativo.

Los consumidores, que a menudo se ven obligados a pagar precios exorbitantes o enfrentan el riesgo de comprar entradas falsas, se beneficiarán de un mercado secundario más transparente y asequible.

Sin embargo, el ministro Pablo Bustinduy subrayó que la reventa entre particulares por motivos legítimos, como la imposibilidad de asistir a un evento, seguirá siendo permitida siempre que no se busque beneficio económico más allá del IPC.

La industria cultural, por su parte, espera que la norma fomente la compra en canales oficiales, reduciendo las prácticas especulativas que afectan tanto a fans como a promotores.

Contexto internacional y próximos pasos

España se alinea con países como Bélgica y Francia, donde la reventa con fines lucrativos está regulada desde 2013 y 2012, respectivamente. En Bélgica, la reventa ocasional no puede superar el precio original, mientras que en Francia se requiere autorización del organizador para cualquier reventa.

El anteproyecto español, tras su aprobación inicial en el Consejo de Ministros, debe pasar por un proceso de consulta pública, una segunda aprobación en el Consejo y su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde el apoyo parlamentario será crucial en un contexto político complejo.

Aunque no se han detallado las cuantías de las sanciones, el Ministerio de Consumo asegura que serán “contundentes” para disuadir a los infractores.

Retos y perspectivas

A pesar del optimismo, algunos expertos advierten que la aplicación efectiva de la norma requerirá una vigilancia estricta por parte de las autoridades de consumo a nivel nacional, autonómico y municipal.

La experiencia previa con la prohibición de bots sugiere que las empresas de reventa, como Viagogo o StubHub, podrían buscar resquicios legales para continuar operando.

Además, la Ley de Servicios Digitales de la UE, en vigor desde 2024, refuerza la responsabilidad de las plataformas digitales, lo que podría complementar los esfuerzos nacionales.

Mientras tanto, iniciativas como las plataformas de reventa segura de Ticketmaster o Ticketswap, que garantizan transacciones justas entre fans, podrían ganar relevancia como alternativas al mercado especulativo.