El uso masivo e indiscriminado de IA en administraciones locales dispara las alertas sobre control y seguridad.

La irrupción de la inteligencia artificial en el sector público está generando un impacto profundo y, en algunos casos, preocupante. En diversas administraciones locales se están utilizando herramientas como ChatGPT para redactar documentos, informes y comunicaciones internas sin protocolos claros, sin supervisión técnica y sin garantías de seguridad jurídica.

1. Un uso creciente sin marco regulatorio específico

La IA ha entrado en ayuntamientos y entidades locales de forma rápida, impulsada por la necesidad de agilizar trámites y reducir carga administrativa. Sin embargo, la falta de regulación concreta provoca situaciones como:

• Redacción de resoluciones, informes y comunicaciones oficiales mediante IA sin revisión humana.
• Uso de herramientas externas sin verificar dónde se almacenan los datos introducidos.
• Dependencia creciente de modelos que no garantizan trazabilidad ni explicabilidad de resultados.
• Ausencia de criterios sobre qué información puede o no introducirse en estos sistemas.

2. Riesgos legales y administrativos identificados

Protección de datos

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha recordado que introducir datos personales en sistemas no controlados puede vulnerar el RGPD y comprometer información sensible de ciudadanos.

Seguridad jurídica

La IA puede generar textos con errores, interpretaciones incorrectas o contenido no ajustado a normativa, lo que puede afectar:

• Procedimientos administrativos.
• Resoluciones sancionadoras.
• Comunicaciones oficiales.
• Documentación que debe cumplir requisitos legales estrictos.

Responsabilidad del empleado público

El uso de IA no exime de responsabilidad: cualquier documento generado debe ser validado por un funcionario, ya que la herramienta no puede asumir decisiones administrativas.

3. La preocupación de expertos en gobernanza pública

Especialistas en administración digital advierten que el uso masivo de IA sin control puede provocar:

• Pérdida de calidad en los documentos administrativos.
• Desinformación interna, si se utilizan textos generados sin verificar su exactitud.
• Dependencia tecnológica sin formación adecuada.
• Riesgos reputacionales para las entidades locales.

Algunos informes señalan que la IA debe ser una herramienta de apoyo, nunca un sustituto de la función pública ni de la interpretación normativa.

4. La respuesta institucional: guías y recomendaciones

Diversos organismos han comenzado a publicar orientaciones:

Ministerio de Transformación Digital

Trabaja en un marco de uso seguro de IA en el sector público, centrado en transparencia, trazabilidad y supervisión humana.

AEPD

Ha emitido advertencias sobre el tratamiento de datos personales en modelos de IA y exige evaluaciones de impacto antes de su uso.

Comunidades autónomas

Algunas han iniciado la elaboración de protocolos internos para limitar el uso de IA en trámites sensibles.

5. Hacia un uso responsable y supervisado

La IA puede aportar beneficios reales:

• Agilizar tareas repetitivas.
• Mejorar la redacción de textos.
• Facilitar la atención ciudadana.

Pero solo si se utiliza bajo criterios claros:

• Supervisión humana obligatoria.
• Prohibición de introducir datos personales sin garantías.
• Uso de herramientas autorizadas y auditadas.
• Formación específica para empleados públicos.
• Registro de actividades y trazabilidad de resultados.

Conclusión

La inteligencia artificial está transformando la administración pública, pero su uso sin control en algunas entidades locales evidencia la necesidad urgente de protocolos, supervisión y garantías jurídicas.

La modernización no puede avanzar a costa de la seguridad, la protección de datos ni la calidad de los procedimientos administrativos. La clave está en integrar la IA con responsabilidad, transparencia y rigor profesional.