El Consejo de Ministros declara zonas gravemente afectadas por emergencia de protección civil a territorios dañados por la dana Adam y otros episodios.

El Consejo de Ministros aprobó el 27 de octubre de 2026 la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil la figura que sustituye a la antigua denominación de “zona catastrófica” en relación con los episodios adversos registrados entre el 13 de septiembre y el 20 de octubre de 2026.

Alcance de la declaración

La resolución contempla un conjunto de eventos adversos ocurridos en el periodo indicado. El episodio de mayor gravedad es la dana Adam, que afectó de forma especialmente intensa al área mediterránea peninsular y a las Islas Baleares, con particular incidencia en las comarcas de la Safor (Valencia) y la Marina Alta (Alicante).

Según el balance provisional, la dana Adam ocasionó siete víctimas mortales y daños materiales de considerable entidad, cuya evaluación sigue en curso. En algunas localidades se registraron precipitaciones superiores a los 700 litros por metro cuadrado en 48 horas.

Además de este temporal, la declaración incluye otras emergencias, como incendios forestales (entre ellos el de Tuéjar en Valencia, el de Quiroga en Lugo o el de Calvos de Randín en Ourense). Los territorios afectados se sitúan en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares y Región de Murcia.

Efectos de la declaración

La declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil habilita la activación de ayudas estatales. Estas ayudas tienen como finalidad complementar las medidas adoptadas por las administraciones autonómicas y locales, en aplicación del principio de solidaridad entre territorios.

Las líneas de apoyo pueden cubrir, entre otros aspectos:

• Daños personales.
• Daños en viviendas y enseres.
• Gastos de las administraciones locales derivados de la emergencia.
• Perjuicios en comercios, industrias y servicios.
• Compensaciones a quienes aportaron medios o bienes durante la emergencia.

La concesión de estas ayudas está condicionada a la acreditación de los daños sufridos. Asimismo, se contempla la posibilidad de medidas fiscales, como la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas, así como la exención en el IRPF de determinadas ayudas por daños personales.

Situación del Consorcio de Compensación de Seguros

Paralelamente a la declaración, el Consorcio de Compensación de Seguros ha informado de la recepción de alrededor de 13.000 solicitudes de indemnización relacionadas con la dana Adam.

Aproximadamente la mitad de ellas proceden del municipio de Oliva. Cerca de 6.000 corresponden a viviendas o comunidades de propietarios y otras 6.000 a vehículos.

El organismo ha anunciado el refuerzo de su plantilla con 150 peritos adicionales para acelerar las peritaciones y el abono de las indemnizaciones.

Valoración práctica

La declaración aprobada el 27 de octubre constituye el paso formal necesario para que los distintos departamentos ministeriales puedan poner en marcha las ayudas específicas. No implica, por sí sola, el abono inmediato de las compensaciones, sino la apertura del régimen de ayudas estatales previsto en la normativa de protección civil.

Los afectados deberán estar atentos a las convocatorias concretas que se publiquen en los próximos días, así como a los requisitos de documentación y plazos de solicitud que se establezcan en cada caso. La coordinación entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales será determinante para la eficacia de las medidas.