¿Debería la inteligencia artificial pagar impuestos? El debate se reaviva en Estados Unidos con el impulso de Bill Gates

El debate sobre si la inteligencia artificial debe tributar ha vuelto con fuerza a la agenda política y económica de Estados Unidos. Bill Gates, cofundador de Microsoft y una de las voces más influyentes en el sector tecnológico, ha reactivado una propuesta que ya formuló en 2017: que las compañías que sustituyan trabajadores humanos por robots o sistemas de IA abonen las mismas cotizaciones a la Seguridad Social y Medicare (las conocidas como FICA taxes) que pagarían si mantuvieran a empleados de carne y hueso.

Su razonamiento es directo: el actual sistema fiscal estadounidense incentiva la automatización, porque al contratar a una persona la empresa cotiza, mientras que al adquirir un robot o desplegar un modelo de inteligencia artificial puede, en muchos casos, deducirlo como gasto empresarial.

La propuesta concreta de Gates

En una entrevista reciente con Ezra Klein en The New York Times, Gates explicó que se podría definir una “unidad de trabajo” y aplicar el mismo impuesto FICA con independencia de si esa labor la realiza un humano o una máquina. El objetivo sería doble:

• Evitar que la sustitución masiva de empleo erosione las bases de cotización que financian las pensiones y la sanidad pública.
• Generar recursos adicionales para reforzar la red de protección social y financiar programas de reciclaje profesional de los trabajadores desplazados.

Gates ha insistido en que “el hecho de que las señales económicas indiquen que resulta más barato usar una IA no significa que la sociedad tenga que aceptar ese resultado sin más”.

En un ensayo publicado en agosto de 2026 también defendió gravar los “tokens” de IA las unidades de procesamiento que consumen los modelos de lenguaje como forma de ralentizar ligeramente la carrera hacia la automatización y de recaudar fondos para la transición laboral.

Un debate que ya tiene eco legislativo

La idea no es exclusiva de Gates. En los últimos meses, varios congresistas demócratas han presentado iniciativas para gravar la actividad de las empresas de inteligencia artificial o reducir los beneficios fiscales de los que disfrutan los laboratorios de IA.

Una de las propuestas, impulsada por los representantes Greg Casar (Texas), Valerie Foushee (Carolina del Norte) y Sara Jacobs (California), plantea un impuesto sobre las compañías de IA cuyos ingresos se destinarían a un programa de empleo destinado a compensar el impacto de la automatización en el mercado laboral.

El argumento de fondo es el mismo en todos los casos: si la inteligencia artificial destruye o transforma empleos a gran escala, alguien debe compensar la pérdida de cotizaciones y de capacidad de consumo de los trabajadores afectados.

Las críticas del sector y de parte de la academia

No todos comparten el diagnóstico. La Federación Internacional de Robótica y amplios sectores de la industria tecnológica consideran que gravar los robots o la IA equivale a “resolver un problema que no existe”. Sostienen que la automatización eleva la productividad, genera nuevos empleos y que un impuesto específico podría frenar la innovación y restar competitividad a Estados Unidos frente a China y otros países.

Algunos economistas recuerdan, además, la dificultad práctica de definir con precisión qué constituye un “robot”, una “unidad de trabajo de IA” o un “token”, y advierten del riesgo de crear distorsiones fiscales complejas y de difícil aplicación. También señalan que, hasta la fecha, la evidencia empírica muestra que la IA ha creado más empleo del que ha destruido, aunque Gates sostiene que esa tendencia se invertirá en los próximos años a medida que los modelos se vuelvan más fiables en tareas como contabilidad, soporte legal, atención al cliente o ventas.

El contexto más amplio: seguridad, empleo y regulación

La propuesta fiscal de Gates se enmarca en un discurso más amplio del propio empresario sobre los riesgos de la inteligencia artificial.

En las últimas semanas ha advertido de que una IA descontrolada podría causar “mil millones de muertes”, ha pedido regulación pública más allá de la autorregulación de las empresas y ha defendido la creación de categorías de empleos “reservados a humanos” (cuidados de niños y mayores, parte de la educación o de la atención sanitaria).

También ha criticado que ningún gobierno del mundo está suficientemente preparado para los cambios que se avecinan.

Mientras tanto, la Administración estadounidense avanza en otras direcciones. La Casa Blanca ha impulsado acuerdos voluntarios de seguridad con las grandes compañías de IA y ha recibido compromisos millonarios del sector (Nvidia, AMD, OpenAI, Anthropic, Google, entre otros) para proyectos de investigación pública vinculados a la inteligencia artificial.

¿Hacia dónde puede evolucionar el debate?

Por el momento no existe una norma federal que grave específicamente el trabajo de la inteligencia artificial o de los robots. Sin embargo, la combinación de las advertencias de figuras como Bill Gates, las propuestas legislativas progresistas y la creciente preocupación por el impacto laboral de la IA está manteniendo viva la discusión.

La pregunta de fondo permanece abierta: si la automatización reduce de forma estructural el empleo humano, ¿quién y cómo debe contribuir a sostener el Estado del bienestar y a financiar la transición de los trabajadores afectados?

La respuesta que se dé en Estados Unidos en los próximos años podría marcar un precedente internacional sobre cómo fiscalizar la inteligencia artificial en la era de la automatización masiva.