Alquiler en 2026: beneficios fiscales para inquilinos y propietarios.

En 2026, el Gobierno y las administraciones están impulsando beneficios fiscales tanto para quienes alquilan una vivienda como para quienes la ponen en renta, con el objetivo de fomentar la estabilidad de los contratos y hacer el mercado más accesible ante la elevada presión de precios.

Deducciones fiscales para propietarios

Los propietarios que alquilan viviendas pueden aplicar reducciones fiscales sobre el rendimiento neto del alquiler, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la Ley del IRPF (artículo 23 y concordantes). Entre las deducciones permitidas:

• Gastos deducibles: intereses hipotecarios, IBI, seguros, reparaciones, gastos de comunidad y amortización del inmueble.
• Reducciones por colectivos específicos: alquileres a jóvenes de entre 18 y 35 años, personas con bajos ingresos o viviendas situadas en zonas de mercado tensionadas, con porcentajes de deducción mayores sobre el rendimiento neto, según normativa estatal y autonómica.
• Estas deducciones buscan incentivar la oferta de vivienda en alquiler y mantener los contratos de forma estable.

Efectos indirectos para inquilinos

Aunque la legislación establece beneficios directos para los propietarios, los inquilinos se benefician indirectamente de la estabilidad de las rentas:

• Reducción de la presión sobre los precios en renovaciones de contratos.
• Mayor previsibilidad y seguridad en los pagos mensuales.
• Posibilidad de acceder a deducciones autonómicas en el IRPF sobre el alquiler, sujetas a límites según edad, ingresos o situación familiar.

Propietarios no residentes

Los propietarios no residentes pueden deducir gastos relacionados con sus inmuebles en igualdad de condiciones que los residentes, siguiendo criterios derivados de resoluciones administrativas y sentencias judiciales, siempre que cumplan los requisitos de la ley tributaria.

Esto incluye gastos de reparación, seguros o amortización del inmueble.

Contexto y retos fiscales

Estas deducciones forman parte de la estrategia del Gobierno para afrontar problemas estructurales en el mercado de alquiler, incentivando la oferta y limitando incrementos excesivos de renta. Su efectividad dependerá de:

• La correcta aplicación por parte de propietarios e inquilinos.
• La coordinación con políticas autonómicas y regulaciones complementarias.
• La capacidad del mercado para ajustarse a los incentivos fiscales disponibles.

El objetivo final es garantizar mayor estabilidad y acceso a la vivienda, protegiendo tanto a propietarios como a inquilinos dentro del marco legal vigente.